Apple pagará 155 millones de dólares para resolver la investigación estadounidense sobre el ‘Batterygate’ del iPhone

En los años previos a que Silicon Valley se encontrara en la mira del gobierno, y Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, sería llamado regularmente al Congreso para testificar, la llamada crisis de la “puerta de la batería” surgió como un desafío característico para el gigante del iPhone. La saga atrajo los titulares nacionales en 2017, cuando los usuarios de iPhone comenzaron a descubrir que algunos de sus dispositivos más antiguos experimentaban desaceleraciones después de actualizar a una versión más nueva de iOS, el software operativo móvil de Apple.

Ese diciembre, Apple reconoció la práctica y explicó que había ajustado su tecnología a partir de un año antes para que algunos modelos más antiguos, incluido el iPhone 6S, no se apagaran inesperadamente o experimentaran otras fallas de funcionamiento debido a demandas excesivas en sus baterías anticuadas. El retroceso generalizado también llevó a Apple a emitir una disculpa pública, una rareza para el gigante tecnológico consciente de la imagen, y a comenzar a ofrecer descuentos de reemplazo de batería para los consumidores.

El mea culpa de la compañía apenas satisfizo a los críticos, incluso en el Congreso, que en ese momento criticó duramente a Apple por estrangular los dispositivos. Otros presentaron demandas e iniciaron una serie de procedimientos regulatorios contra el fabricante de iPhone que recién ahora están llegando a su conclusión. En marzo pasado, Apple resolvió una demanda colectiva de varios años al acordar pagar 500 millones de dólares, gran parte de los cuales ha reservado para que determinados usuarios de iPhone reciban 25 dólares en reembolsos. (La empresa, sin embargo, no tuvo que admitir culpa incluso cuando puso fin al litigio). Un mes antes, los reguladores franceses multaron a Apple con aproximadamente 25 millones de dólares, argumentando que la empresa debería haber sido más comunicativa sobre sus prácticas.

En los Estados Unidos, casi tres docenas de estados compartieron su frustración con la falta de transparencia de Apple y se embarcaron en su propia investigación. Una queja presentada el miércoles (hora de EE. UU.) En Arizona deja al descubierto sus preocupaciones de que Apple haya proporcionado “información engañosa” sobre sus actualizaciones de iOS, particularmente a través de notas técnicas difíciles de entender sobre la gestión de la batería.

En última instancia, el enfoque de Apple dejó a muchos usuarios con la sensación de que “la única forma de mejorar el rendimiento era comprar un modelo más nuevo de iPhone de Apple”, sostiene la queja de Arizona. Como resultado, la compañía se basó en “actos y prácticas injustas y engañosas” para aumentar sus ventas “potencialmente en millones de dispositivos por año”, según el fiscal general de Arizona.

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Junto con la sanción financiera, los estados también han exigido a Apple que aclare, en línea y en los propios iPhones, sus prácticas sobre el estado de la batería y la administración de energía. La compañía ya ha abordado algunas de las preocupaciones de los reguladores: una actualización de 2018 para iOS permite a los usuarios verificar el estado de sus baterías y deshabilitar la limitación del rendimiento. Está escondido en la configuración del dispositivo de los usuarios.

Bloomberg

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